Nota de Prensa
Barreiro: “el nuevo modelo de financiación autonómica perjudica a Galicia al non tenerse en cuenta sus peculiaridades”
* El senador lucense calificó el modelo de financiación autonómica de Zapatero como “insolidario, ineficaz, irreal e injusto”. Lo hizo durante su intervención en la 15ª Unión Interparlamentaria Popular que se inauguró hoy en Mallorca bajo el lema Propuestas para el cambio
Mallorca, a 15 de enero de 2010.- El senador y portavoz de la Comisión de Economía e Hacienda do GPP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, aseguró que la falta de consenso, de negociación y de diálogo son los principales defectos que presenta el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Gobinerno Zapatero.
Barreiro hizo hoy estas manifestaciones en el marco de la 15ª Unión Interparlamentaria Popular que, bajo el lema Propuestas para el cambio, se celebra en Palma de Mallorca y en la que él participó como ponente en la mesa dedicada a “Financiación autonómica, garantía y servicios públicos”.
La financiación autonómica, según destacó en su intervención, es un elemento de una importancia crucial, pues a través de ella es cómo se va a dotar de recursos a las comunidades autónomas para prestar servicios de una importancia fundamental para los ciudadanos, tales como la educación o la sanidad, entre otros. En este contexto subrayó que mientras que el modelo de financiación anterior contó con la unanimidad de todas las comunidades y ciudades autónomas, “este proyecto no cuenta con el apoyo que sería necesario que tuviera una ley que trata de cuestiones tan fundamentales como el uso y reparto que se van a dar a los recursos con que contribuyen todos los españoles para financiar los servicios fundamentales”.
“Esta falta de negociación y de transparencia da a entender que no fue ni el interés general ni el bienestar de todos los españoles lo que guió al Gobierno en la elaboración de este proyecto de financiación autonómica”, añadió Barreiro.
CRITERIOS DE RAPARTO POCO CLAROS.-
Otro de los defectos que el senador lucense encuentra al nuevo modelo de financiación autonómica es la poca claridad fijada en los criterios de reparto. “Por no especificar el Gobierno no aclaró siquiera la cantidad le corresponde a cada comunidad autónoma” y además, según apuntilló, “los criterios establecidos son arbitrarios y hacen un uso retorcido de las estadísticas y de las ponderaciones”.
Una apreciación en la que, según recalcó, también coinciden, entre otros, el ex-secretario de Hacienda con Felipe González, José Víctor Sevilla.
En resumen, según Barreiro, este proyecto no defiende el principio de igualdad de los españoles en el acceso a los servicios básicos ni la solidaridad entre las distintas comunidades, sino que es únicamente un modelo arbitrario e insolidario pensado en beneficio de los intereses coyunturales del Gobierno.
SERVICIOS PÚBLICOS SIN GARANTÍA
El Gobierno Zapatero dice que el nuevo modelo de financiación garantizará la prestación de los servicios públicos fundamentales y corregirá los problemas del anterior y logrará que esta sea igual por habitante, pero esto, en opinión del senador lucense, es falso.
Las razones a las que alude para avalar su afirmación son que los recursos destinados a las CCAA descienden en los presupuestos generales del Estado para 2010 en 10.000 millones de euros; que, por culpa de las malas previsiones económicas del Gobierno, las CCAA deben devolver a la Administración Central 8.000 millones de euros de anticipos; que los recursos constituídos por el Fondo de Garantías de los Servicios Públicos y el Fondo de Suficiencia Global son equivalentes a los que existirían con el anterior modelo pero los recursos adicionales añadidos se reparten de una manera totalmente arbitraria y en función de los intereses partidistas y coyunturales del Gobierno socialista, no responden, por tanto, al principio constitucional de igualdad.
Y lo que en opinión de Barreiro es aún más grave: “esos recursos adicionales no dejan de ser una esperanza ilusoria que proyecta el Gobierno sin tener en cuenta la actual conyuntura económica”
“En resumen la falta de consenso y de diálogo, la carencia de un proyecto definido y coherente, la falta de amplitud de miras, de visión de Estado y de búsqueda del interés general y del bienestar de todos los ciudadanos españoles caracterizan a este proyecto de reforma de la financiación autonómica que sólo se puede definir como insolidario, ineficaz, irreal e injusto”, añadió.
GALICIA, MUY PERJUDICADA
Además, y en lo que respecta al caso específico de la Comunidad Autónoma de Galicia, los resultados, en opinión de Barreiro, también son preocupantes.
La filosofía de la financiación autonómica en España respondía a un principio de nivelación total en la capacidad de prestación de servicios de las administraciones basada en la necesidad de gasto. Pero el nuevo modelo de financiación rompe con el principio constitucional de igualdad en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos al introducir el criterio de la capacidad fiscal que beneficia a las comunidades más ricas en detrimento de las más pobres. El nuevo modelo introduce, según explicó Barreiro, un sistema de nivelación parcial que sólo alcanza al 75% de los recursos recaudados por las comunidades.
Además, no se tienen en cuenta de manera suficiente los criterios de la dispersión ni del envejecimiento de la población, aspectos que encarecen de forma notable la prestación de servicios fundamentales. Una de las enmiendas que presentó el PP al proyecto del Gobierno, según recordó Barreiro, consistía precisamente en que, para las CCAA de régimen común cuya dispersión sea superior a la media, y, para aquellas cuya densidad poblacional sea también inferior a la media, se incrementasen los recursos aportados por el Estado de los 50 millones previstos por el proyecto de ley a 250 millones en cada caso.
La cantidad de 50 millones es insuficiente, a su entender, para contrarrestar los efectos negativos de incremento del coste de los servicios públicos causados por esas variables. Sin embargo el Gobierno no quiso atender a esta reivindicación tan necesaria para comunidades como Galicia, según puntualizó Barreiro.
“Por todo ello debemos afirmar”, dijo, “que Galicia sale claramente perjudicada en el reparto de los recursos autonómicos perdiendo peso relativo en el conjunto de la financiación autonómica.