Nota de Prensa
En la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
El PP logra que se abra una línea de crédito del ICO específica para el sector pesquero por importe de 1.000 millones
• Joaquín García Díez lamenta que el PSOE se haya quedado sólo votando en contra de esta propuesta
• El diputado lucense reclamó, además, que se distribuyan entre la flota artesanal y la industrial siguiendo las recomendaciones del propio sector
• El PP también logra aprobar otra PNL para dotar de mayor transparencia a la convocatoria de ayudas a proyectos piloto de campañas experimentales
10. mar. 2009.- El Grupo Popular ha logrado hoy en la Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural del Congreso que se apruebe una Proposición no de Ley en la que se pedía al Gobierno que de los 29.000 millones de euros previstos por el ICO para créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 1.000 millones se destinasen, de forma específica, al sector pesquero.
El diputado popular Joaquín García Díez reclamó, además, que dichos 1.000 millones en créditos se distribuyesen entre la flota artesanal y la industrial siguiendo las recomendaciones del sector, y más específicamente de la Federación Estatal de Cofradías, y lamentó que el PSOE se haya quedado sólo oponiéndose a una medida que puede servir para aliviar al sector pesquero de la asfixia económica en la que se encuentra.
García Díez defendió que las condiciones de reparto de esos mil millones de euros en créditos del ICO deberían ser las mismas que ya están establecidas en el Plan de Acción del Sector Pesquero del 2005, que cuentan con el apoyo del sector, pero contó con la oposición frontal de los socialistas, que no consideraban necesario que el sector pesquero tenga una línea de crédito específica diferenciada del resto de sectores.
Para el diputado lucense, “no tiene explicación alguna que el Gobierno y el PSOE no apoyen una ayuda para el sector pesquero argumentando que otros sectores también lo necesitan”. Según dijo, “lo que propone el PP no es introducir nuevas cargas en los Presupuestos Generales, sino distribuir las partidas que ya hay para que lleguen a los sectores que más lo necesitan”.
Campañas experimentales
También en la Comisión de Medio Ambiente y Medio Rural, García Díez logró sacar adelante, nuevamente con la oposición de los socialistas, otra Proposición no de Ley relativa a mejorar las condiciones de transparencia de la convoctoria del Gobierno de las ayudas a los proyectos piloto de campañas experimentales.
En su intervención, el diputado popular lucense recordó que hay denuncias en los medios de comunicación sobre pesca ilegal y sobre subvenciones millonarias a los mismos armadores durante años e insistió en la necesidad, por el bien del sector, de regular todo esto.
García Díez recordó que la adjudicación de proyectos experimentales de pesca debe tener la mayor transparencia posible y cumplir la Ley de Contratos del Estado y la Ley de Subvenciones Públicas y enumeró las múltiples iniciativas que el grupo popular ha planteado para evitar prácticas que el sector lleva años denunciando, como el intento de no respetar el sistema establecido de sustitución de un barco de pesca viejo por uno nuevo.
Los populares pidieron, entre otras cosas, que se publique previamente al concurso el presupuesto previsto para el mismo, que se dé publicidad a la relación de empresas y barcos seleccionados y que se vuelvan a publicar posteriormente las ayudas concedidas por empresa y barco.
En su momento, el PP ya había solicitado al Gobierno copia de los expedientes promovidos por el Ministerio, entonces de Agricultura, Pesca y Alimentación, y le fueron denegados. Asimismo, durante esta Legislatura, el Grupo Popular solicitó la comparecencia de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para que explicara los criterios de selección y adjudicación de las campañas experimentales de pesca, a la vista de los importes concedidos a ciertas empresas que cuadriplicaban el importe de otras. En su lugar, acudió a responder el Subsecretario del Departamento, haciendo alarde de que los procedimientos se habían ajustado a derecho y, ante la insistencia de García Díez sobre la poca claridad en las concesiones, manifestó que aquel que no estuviera de acuerdo tenía a los tribunales para acudir.
Los socialistas no aceptaron que previamente al establecimiento de una nueva normativa reguladora de estas ayudas se escuche al sector pesquero y se recaben los informes del Instituto Español de Oceanografía, así como que las modificaciones que se introduzcan contemplen nuevos baremos para que la selección de los armadores beneficiarios responda a los criterios de ideoneidad y adecuación a cada tipo de campaña.
García Díez subrayó la soledad del voto negativo de los socialistas, que, en su opinión, “evidencia una falta de sensibilidad con las necesidades y demandas del sector pesquero”.